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Una polémica se generó, durante la reunión de concejo del día viernes 6 de Junio, por un informe entregado, por la administración municipal, donde se demuestra la existencia de una serie de patentes de alcoholes entregadas durante la destituida administración de José Pérez (UDI), sin los respectivos acuerdos de concejo.

 

La administración municipal se comprometió a entregar un detalle más recabado para la próxima reunión a celebrarse el sábado 21 de Junio.

 

Según el concejal Jaime Bravo, existe una vulneración manifiesta, respecto a la ley de alcoholes y a la ley orgánica constitucional de municipalidades, que afecta directamente al concejo.

 

“Lo que hemos constatado, a partir de ver las actas, es que hay un delito flagrante.”

 

Existe un plazo que dio el concejo a la administración para entregar este informe y el plazo vence el 15 de Junio.

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Después de eso, nosotros como concejo, podemos tomar el acuerdo de revocar esas patentes y mandar esos papeles a la contraloría.

 

Este es un tema que ya conoce toda la comunidad y resulta que mañana, nosotros nos podemos ganar una acusación, ante la contraloría, por no haber fiscalizado y por no haber caducado esas patentes.

 

Estas personas, contribuyentes de esta comuna, que a lo mejor actuaron de buena fe, nadie dice lo contrario, pero yo, respecto de ellos, para efectos de fiscalización y para prevenir acusaciones, yo puedo decir, no hay plazos y hay que caducar las patentes ahora porque no cumplen con un requisito esencial.

 

Yo tengo una tarea que cumplir como concejal, yo sé que aquí hay una irregularidad demasiado grave porque todos conocemos la ley orgánica de municipalidades y por lo tanto, aquí ni siquiera debería haber plazo con respecto a esas patentes.”

 

Ante esto, el abogado Mario Aguirre del Departamento Jurídico Municipal, expresó que estaba de acuerdo con lo manifestado por el concejal Bravo pero aclaró lo siguiente:

 

“La revisión que estamos haciendo es la que corresponde. Yo pienso señor concejal, que si nos demoramos 5, 10 o 15 días, no significa que el concejo está dejando de fiscalizar.

 

Está haciendo, precisamente, un trabajo de fiscalización adecuada para normalizar todo un sistema o un proceso de otorgamiento de patentes.

Esa falta de acuerdo de concejo ya está informada y está en conocimiento de ustedes porque ya se les hizo entrega de una nómina de las patentes que carecen de un acuerdo de concejo.”

 

Sin embargo, el concejal Bravo persistió en su postura y señaló:

  

“Yo puedo estar de acuerdo con usted, pero solamente para que quede registrado en la grabación y en el acta, dado que conozco las patentes que no tienen acuerdo de concejo, solicito formalmente la caducación de todas aquellas patentes otorgadas durante la actual administración y que no tengan acuerdo de concejo. Por lo tanto, la responsabilidad, desde este minuto, de la mantención de esas patentes es responsabilidad de la administración y no de este concejal.”.

 

El concejal Juan Carlos Tiznado insistió en que el concejo solicitó un informe sobre esto a lo que el alcalde Emilio Jorquera respondió que ya se entregó el listado de estas patentes irregulares.

 

Sin embargo, Tiznado también quiere que la administración explique la razón de lo sucedido. El alcalde Jorquera se pregunta, que explicación puede dar esta administración si esta irregularidad la habría cometido la anterior gestión ahora destituida.

 

De todas formas, el alcalde Jorquera instruyó al director de Finanzas para que se busque el detalle de las patentes limitadas y no limitadas de alcoholes pero a fondo y no un simple listado. Que se llegue hasta el fondo, como se entregó esa patente, buscando en las carpetas, y quién la otorgó.

 

El concejal Fernando Sariego apuntó a que, incluso, hay patentes otorgadas y que no tienen carpetas y aclaró que no se está culpando a la actual administración.

 

Una teoría, explicó el alcalde Emilio Jorquera, es que hay una variación en la ley sobre los que tienen locales diurnos y locales nocturnos. Son dos patentes e incluso hay gente, que en los últimos días, está devolviendo algunas de estas patentes.

 

Esta el caso del restaurante Terraquincho del empresario Juan Canales, explicó el concejal Tiznado, al que se le exigió, en Enero de 2007, una patente nocturna y este empresario así lo hizo. Juan Canales fue a la municipalidad, hizo todos los trámites, pagó y obtuvo su patente. Él no tendría porque haber sabido que se necesitaba acuerdo de concejo para esto.

 

Sobre esto, el concejal Bravo aclara que el que infringe la ley no es el contribuyente sino que el que otorga la patente.

 

“Aquí, eventualmente, el que otorgó la patente infringió la ley de alcoholes y por lo tanto, este caballero, en vez de andar paseándose por la calle, debe estar preso. Yo sé que en la ley de alcoholes hay muchos casos donde se tipifican delitos con penas aflictivas. Y puede que este sea uno de ellos.”

 

El concejal Núñez opina lo contrario. Marco Núñez piensa que la ley se entiende por conocida y por lo tanto el que compra como el que la da son responsables.

 

Finalmente se optó por esperar hasta el próximo concejo del 21 de Junio, donde existirá un informe más detallado entregado tanto por finanzas como por el departamento jurídico, para tomar las decisiones que correspondan.