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Por: José V. Medina Z. 

Una extensa reunión con Rodrigo Iglesias, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía sostuvieron en Santiago, el viernes 7 de Noviembre, diputado Samuel Venegas, Salvador Herrera presidente de la Asociación de Consumidores Provincia de San Antonio y representantes de las comunas de Cartagena y El Tabo.

reunin2.jpgEn ella se realizaron una serie de denuncias por irregularidades que se estarían cometiendo, en la Provincia de San Antonio, por parte de las empresas distribuidoras de energía.

También se denunció las fallas existentes en la calidad del servicio entregado por estas empresas y sobre las que no existiría ningún tipo de fiscalización. Estas empresas presentan encuestas de mejoras de la calidad de Servicios que no corresponderían a la realidad.
Lo cierto es que los cortes de luz o bajas de voltajes son frecuentes durante la temporada de verano en el litoral central.
 
Salvador herrera denunció que, en el año 2007, se le solicitó a la Superintendencia realizar una fiscalización o medición sobre la calidad de servicio de estas empresas.
Esta medición nunca se entregó a los interesados, pues eso significaba dejar en evidencia lo que siempre se ha sostenido respecto de la mala calidad de servicio de las empresas aludidas.
 
 
Herrera recordó que en el año 1999, se transfirió a una parte importante de clientes de la empresa Chilquinta Energía a Eléctrica El Litoral. 

San Sebastián, Costa Azul, San Carlos, Playas Blancas y Las Cruces, de las comunas de El Tabo y Cartagena respectivamente, se vieron afectados abruptamente sin previo aviso, en su estructura tarifaria incrementando en hasta un 400% sus cuentas de electricidad. Es decir, los clientes que fueron transferidos a la empresa El Litoral S.A. automáticamente quedaron clasificados en área típica  5, por tanto una tarifa muchísimo más cara que la que les correspondía estando atendidos por la empresa Chilquinta Energía, clasificada en área típica 3.

Recordemos que a contar de enero de 2001 clientes residenciales y comerciantes fueron burdamente esquilmados por está situación, corrigiéndose en forma parcial en octubre del año 2003, gracias a las gestiones de la Asociación de Consumidores que dirige Salvador Herrera, en conjunto con los Parlamentarios Nelson Ávila y Samuel Venegas, y que expresamente se encargó de comunicar, en un acto organizado en la comuna de El Tabo, el propio Presidente de la época Ricardo Lagos Escobar.

Las medidas anunciadas en esa oportunidad establecían una modificación al Decreto con Fuerza de Ley Nº1 y el término de la Potencia Base para los clientes residenciales permanentes que no excedieran el factor 2 en su clasificación, la que se realizaría en marzo de cada año. Esta consistía en sacar el promedio de marzo a diciembre del año inmediatamente anterior, multiplicarlo por el factor 2 y compararlo con el promedio de enero y febrero del año en curso.

Si como resultado se obtenía una cifra igual o menor al promedio marzo a diciembre, el cliente no pagaría Potencia Base, si por el contrario el resultado era mayor el cliente pagaría Pot. Base, por el mayor de los consumos de enero o febrero y se aplicaría por 12 meses.

Lo que ahora resta por hacer es que se restituya lo antes posible la tarifa que la zona transferida tenia antes de la transferencia, es decir BT1 sin apellidos, esto significa pagar lo que se consume. Lo ofrecido por el ejecutivo es, según nuestro parecer,  insuficiente pues no corrige del todo el abuso cometido contra los comerciantes quienes se ven imposibilitados de cumplir con el factor 2 de clasificación.

Lo que los comerciantes necesitan es un factor a lo menos 3 o buscar una solución innovadora que les permita trabajar con la tranquilidad de que el esfuerzo de trabajar en el verano se va a quedar en su bolsillo y no en manos de la empresa eléctrica. 

Entre las denuncias está la de cobros realizados a los usuarios por consumo no registrado en los medidores. Esto cobros no se están informando a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) con lo que se estarían vulnerando las normas vigentes o las resoluciones de la propia Superintendencia.
Otra situación es la dilación para dar respuestas a los reclamos.
 
Rodrigo Iglesias explicó que las líneas tarifarias suponen una cuota de amortización e infraestructura, a través de la potencia, para amortizar una inversión que se supone se va renovando a través de tiempo conforme a una cierta vida útil. Eso es lo que se paga  permanentemente.
Todo concepto de pago de potencia en una cuenta eléctrica, sea en el Litoral o en otra empresa, tiene que ver con el pago de infraestructura fija.
 
Por otra parte, la situación que se vive en la costa se produce debido al alto consumo existente en el verano versus el invierno. El sistema está dimensionado para soportar este alto consumo del verano, pero en el invierno debe seguir ahí y debe ser mantenido.

Ese es el costo que han tenido que estar asumiendo los residentes.

Iglesias recordó que esto se empezó a corregir el año 2004 separando a los clientes residenciales de los veraneantes. Se buscó que los clientes con mucha demanda en el verano pagaran esta potencia base, en el entendido que ellos son los responsables de que el sistema tenga esa potencia.
Sin embargo, los mayores perjudicados han sido los comerciantes locales que, obviamente, tienen un alto consumo en la época estival. El diputado Venegas propone un cobro diferencial para el comercio, respecto a los residentes, pero que se pague un valor prudente por una sola vez y no durante todo el año.
 
Por otra parte, estos cobros nacieron al momento en que se subdividieron los sectores con distintas empresas. Litoral S.A, nació de Chilquinta.
Estas empresas se armaron para subir las tarifas y establecer la zona típica.
 
Al término de esta reunión, Rodrigo Iglesias anunció una baja en las tarifas ya que va a subir un poco el factor aplicado (2 a 2.5) y se cambió la zona típica de 5 a 4. También  se comprometió en hacer llegar a la Superintendencia las inquietudes planteadas en este encuentro.