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Siempre Junto al Pueblo

Nota de RedesChile, Red de Estudiantes y Ciudadanos de Chile por la Asamblea Constituyente.

Con motivo de la reciente condena a los culpables del asesinato de Eduardo Frei Montalva, compartimos el Discurso pronunciado el 27 de Agosto de 1980, con motivo de la oposición al fraudulento "Plebiscito" que impuso la Constitución de 1980.

Destacamos en "negrita" lo referente a la imposición Constitucional de la Dictadura, pero en honor al contexto (y lo señalado en él) lo publicamos en extenso, puesto que se considera que a partir de este pronunciamiento "público" en el Teatro Caupolicán, fue dada la orden de asesinar al ex-Presidente de la República.

constitucin_1980.jpgDISCURSO DE EDUARDO FREI PRONUNCIADO EN EL TEATRO CAUPOLICÁN CON MOTIVO DEL PLEBISCITO DE 1980

27 de agosto de 1980

Después de tantos años, de nuevo nos encontramos aquí reunidos. Esta es una ocasión solemne. Representamos hoy la continuidad histórica de Chile y la voluntad de una inmensa mayoría de chilenas y chilenos.

La ocasión y el motivo no pueden ser de mayor trascendencia, porque se ha llamado al pueblo a un plebiscito para que apruebe el texto de una Constitución y una serie de artículos transitorios propuestos por los actuales gobernantes, y simultáneamente para que se designe para ocupar la Presidencia de la República, por a lo menos 9 años más, a la misma persona que la ha ocupado durante estos últimos 7 años.

SIGNIFICADO DEL PLEBISCITO

Esta Constitución, gestada primero por un grupo designado por el gobernante, fue después modificada por el Consejo de Estado que él también eligió. Estos dos organismos representaban un sector muy limitado de la ciudadanía. La Junta, por último, revisó esos textos para terminar elaborando uno que empeora aún más las proposiciones que le fueron presentadas. Si comparamos lo que se dijo en Chacarillas y los proyectos de la Comisión Constitucional y, especialmente, del Consejo de Estado, podemos advertir un claro retroceso, que no imaginábamos imposible.

Debemos comenzar por decir que uno es el texto constitucional y otro el cuerpo de artículos transitorios.
La Constitución sometida ahora a plebiscito entraría de hecho en vigencia el año 1990, de tal modo que se estará votando un proyecto que no tendría aplicación sino a fines de esta década. Durante ese largo período lo que regirá fundamentalmente son los artículos transitorios.
De acuerdo con ellos, el presidente, que se autodesigna con nombre y apellido, y la Junta de Gobierno concentrarán el Poder Constituyente, el Ejecutivo y el Legislativo.

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Podrán así modificar la Constitución, sometiendo las reformas a plebiscito en condiciones que hoy ya se conocen, y dictar las leyes interpretativas y orgánicas que completen la Constitución propuesta, las que se refieren, entre otras materias decisivas, al Tribunal Calificador, al sistema electoral y al Tribunal Calificador; a la organización de los partidos políticos; al funcionamiento del Congreso; al poder Judicial, a la Contraloría General de la República; al Banco Central; y a las entidades regionales y municipales. Es decir, quedará en sus manos conformar las instituciones más importantes de la vida de la nación.

Durante los próximos diez años no existirá ningún órgano de elección popular. No habrá, por tanto, Senado ni Cámara de Diputados, y los alcaldes tampoco serán elegidos por el pueblo. En este lapso, el actual jefe del Estado podrá decretar por sí solo estados de emergencia y de catástrofe; ejercer por períodos de seis meses, que son renovables, la facultad de arrestar a cualquier persona por el plazo de 5 días, ampliables en 15 más en caso de haberse producido, a su juicio, actos de terrorismo; restringir el derecho de reunión y la libertad de información; prohibir el regreso de chilenos al país, o expulsarlos del territorio o relegarlos hasta por tres meses, medidas éstas que no son susceptibles de recursos jurídicos de ninguna especie.

Estas no son sólo frías normas jurídicas, sino que afectan la vida, seguridad y libertad de cada chileno o chilena, que durante este prolongado plazo estarán privados de derechos esenciales.

Al término de esta década tampoco se llamará a elecciones, pues los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros, de acuerdo con el proyecto, propondrán a la ratificación de la ciudadanía la persona que deberá desempeñar el cargo de Presidente por otros 8 años, o sea, realmente hasta 1999, pudiendo ser propuesto el mismo general Pinochet.

El Presidente así ratificado deberá convocar a elecciones de senadores y diputados dentro de los nueve meses siguientes a su designación, es decir, en diez años más.

Si la ciudadanía no aprobara la proposición de la Junta, ésta y el general Pinochet continuarían, sin embargo, por un año más en funciones, y sólo entonces se convocaría a elecciones de Presidente y de Congreso y tendrían plena vigencia los preceptos permanentes de la Constitución propuesta.

Después de conocer las disposiciones ya señaladas, entrar en un análisis de otras nos parece ocioso.

Votar este proyecto de Constitución ilegítimo en su origen, inconveniente en su texto, que va a entrar e regir dentro de diez años, que seguramente será modificado en el curso de esta década, y cuyo verdadero alcance y significado se conocerán sólo cuando se dicten las leyes orgánicas, es un caso de ciencia ficción o una burla.

Por casi un cuarto de siglo el pueblo chileno será mantenido en interdicción cívica, privado de sus derechos ciudadanos. Quienes tenían 18 años en 1973 podrán elegir sus autoridades por primera vez cuando hayan cumplido 42 años.

No hay antecedentes en la Historia de Chile de un caso semejante, ni en cuanto al período ni a los poderes acumulados. Ni O’Higgins, ni Prieto, ni Bulnes pretendieron ni remotamente algo parecido.

El proyecto no es ni siquiera un intento de transición, sino una prolongación y consolidación del actual poder personal.

Todo esto es, en líneas fundamentales, lo que se somete a plebiscito.

No somos enemigos del plebiscito como forma de consulta popular. Al contrario. Pero queremos un plebiscito verdadero.

Los regímenes dictatoriales y totalitarios los utilizan de acuerdo a estas técnicas y nadie duda cuáles son sus resultados. Creo que no hay ejemplo en el mundo en que aquéllos hayan perdido un plebiscito.

Este es el tipo de consulta a la que se nos convoca.

ESTE PLEBISCITO NO ES VÁLIDO

Este plebiscito carece de valides y lo rechazamos porque no reúne las condiciones mínimas que garanticen su legitimidad.

– No es válido, porque no se puede llamar a un plebiscito cuando el país vive bajo estado de emergencia.

– No es válido, porque requeriría un sistema electoral que asegure la auténtica expresión del pueblo al que se confronta.

– No es válido, porque no existen registros electorales, y han transcurrido prácticamente siete años desde su destrucción, lo que revela la voluntad deliberada de no rehacerlos.

– No es válido, porque las mesas que recibirán los sufragios y harán su recuento están formadas por personas designadas por los alcaldes que, a su vez, son nombrados por el jefe de Estado.

– No es válido, porque todo el proceso de cómputo de votos y sus resultados, en sus dos primeras fases, está en manos de las autoridades, primero del alcalde y su secretario y después del gobernador, nominados por el Ejecutivo.

El Derecho Constitucional, universalmente reconocido, señala las condiciones de cómo se deben efectuar los escrutinios. Son elementos objetivos, para que la voluntad del pueblo sea respetada. No se trata de confiar o desconfiar. Nadie puede imponer que se delegue este derecho irrenunciable, que constituye una forma de control aceptada y reconocida en todos los Estados de Derecho, y fue lo que Chile siempre reconoció a través de leyes electorales que se fueron perfeccionando mediante garantías que la derecha chilena fue la primera en reclamar y para lo cual se presentaron soluciones que fueron aprobadas y se convirtieron en leyes.

– No es válido, porque están proscritos los partidos políticos y, en consecuencia, no puede haber apoderados fidedignos que controlen la votación y la seriedad de los escrutinios.

– No es válido, porque no existe libertad de reunión ni de manifestaciones públicas. El hecho de estar aquí hoy no significa sino una excepción muy limitada y condicionada.

– No es válido, porque no existe libertad de información ni de expresión. Los que disienten no tienen acceso a la televisión, que en nuestro mundo es el principal instrumento de comunicación, y muy escaso a las radios y a la prensa.

– No es válido, porque esas restricciones se han intensificado al extremo desde que se llamó a consulta.

– No es válido, porque existe la permanente amenaza de detenciones, relegaciones o secuestros.

De modo que nadie puede engañarse: el resultado de este plebiscito está predeterminado. A través de estos métodos no se conseguirá legitimar el ejercicio del poder. Si el gobierno tuviera la seguridad de que en elecciones libres, abiertas e informadas, podría ganar, no recurriría a estos sistemas que la opinión pública nacional e internacional ya ha descalificado. Una minoría impone así a la inmensa mayoría del pueblo una fórmula política, económica y social.

FALSA ALTERNATIVA

Pero hay algo más y de extrema significación.

El jefe de Estado no se ha limitado sólo a presentar una Constitución, sino que, además, ha asumido el papel de definir lo que es la alternativa en el caso que su proyecto no se apruebe. Según él, si se rechaza esta Constitución se retrotraería al país al 10 de septiembre de 1973, con lo cual se pretende decir a los chilenos que quien vota No está conduciendo a Chile al desorden y al caos.

Se plantea así un falso dilema. Además de silenciar y atacar a la gran masa de opositores, se atribuye el derecho a inventarle una caricatura de alternativa.

Se supone que quienes rechazan la Constitución propuesta quieren volver al pasado, y no a un pasado cualquiera, sino al 10 de septiembre de 1973. ¡Qué ficción tan absurda! ¿Por qué vamos a querer nosotros, que fuimos oposición clara y pública –cuando otros huían al extranjero o guardaban mañosos silencios-, volver al pasado? ¿Qué país del mundo puede ser retrotraído a siete años atrás? ¿Van a resucitar a los muertos y a los desaparecidos? ¿Van a estar en Chile los miles y miles de exiliados? ¿Han sido en vano estos siete años, en que el régimen no ha convencido a nadie? ¿No ha pasado nada en Chile? ¿No ha sido una dramática lección la pérdida de la libertad? ¿No han aprendido más de algo los chilenos? ¿Los centenares de miles de cesantes y el shock económico con su terrible costo social no han dejado huellas? En el fondo, el dilema que el general Pinochet presenta es: Yo o el caos. Los que verdaderamente conducen al caos son los que con un acto de coerción moral y física, plantean una disyuntiva inoperante que resultaría fatal.

Nadie tiene derecho a colocar al país en esa situación. Esta es una alternativa que cualquier persona, en un instante de reflexión honda, no puede sino rechazar por absurda. No vamos a regresar al pasado. Eso es imposible.

Lo que queremos es mirar hacia el porvenir y buscar para Chile una salida racional, pacífica y posible, para que este país no viva en la regresión sino que evolucione de acuerdo a su personalidad histórica.

UN PROYECTO ANTI-HISTÓRICO

Aprobar esta Constitución y sus artículos transitorios es una opción que contradice toda la Historia de Chile. Es la anti-Historia. Este país ha seguido en sus 170 años de vida republicana un proceso evolutivo siempre ascendente en busca de perfeccionar la democracia, asegurar la libertad y el imperio del derecho e integrar a todas las clases sociales en un progresivo desarrollo.

Es el camino que eligió Portales cuando se dictó la Constitución de 1833, y fue el aporte del Partido Conservador al organizar la República que nacía. Enseguida, el del movimiento liberal, que recogió las ideas que agitaban en ese entonces a las sociedades occidentales y que encontraron eco en una pléyade de hombres eminentes que honraron nuestro pasado e hicieron una decisiva contribución al avance del país. Después fue el del radicalismo, que elevó al primer plano a las clases medias que determinaron una transformación sustancial en la vida chilena. Luego el de la Democracia Cristiana, que expresó las nuevas exigencias sociales y buscó la incorporación de los trabajadores industriales, mineros y campesinos, y del mundo marginal. Por su parte, los movimientos de izquierda, por muchos años, sostuvieron, a su vez, las aspiraciones de un sector importante del proletariado.

Fue así como este país creció y fue un ejemplo admirado y respetado en América y reconocido en el mundo.

Sin duda que este proceso no fue lineal, que tuvo errores, vacíos y caídas, porque esa es la condición humana y la característica de todas las sociedades. Pero de cada crisis el país salió adelante y nunca volvió atrás.

Con oportunidad de Lircay surgió una república en forma; después de la revolución de 1891 no se estableció una dictadura y rápidamente se instauró un régimen de derecho. En 1893, dos años después de una guerra civil, se llamó a elecciones, y la reconciliación nacional fue tan cierta, que ya en 1906 el partido liberal-democrático, que representaba a los vencidos, se convertía en la primera fuerza política del país.

El año 1925, cuando hizo crisis el sistema parlamentario, se gestó una nueva Constitución, en un debate amplio y abierto, por una comisión en que participaron todas las fuerzas políticas de Chile e incluso destacadas figuras del movimiento militar. El señor Ibáñez, designado en elecciones, gobernó menos de cuatro años y renunció, a pesar de tener el respaldo inequívoco de las Fuerzas Armadas, para evitar, como lo dijera, que se derramara sangre de los chilenos. Después de un período breve, entró en vigencia plena la Constitución que nos ha regido por cerca de 50 años, lo que no es poco decir en un mundo tan turbulento y cambiante como el que nos ha tocado vivir.

Todas estas experiencias se fueron sumando en esta evolución para configurar nuestra existencia como nación. Chile no se construyó en la opresión ni en los caudillismos. La espina dorsal de lo que fuimos ha sido la libertad, el Estado de Derecho, la democracia, que funcionaron hasta durante las guerras.
Los partidos políticos y los gobiernos civiles fueron expresiones del sentir nacional, y contamos invariablemente con Fuerzas Armadas del más alto nivel, cuyos jefes, después de triunfar, no volvieron a planear cuartelazos, sino que dieron un ejemplo imperecedero de dignidad y de respeto a la democracia.

Este país, escaso de recursos en comparación con otros, tuvo un desarrollo económico creciente de acuerdo a los tiempos y llegó a obtener la tercera renta per cápita en América Latina; y proyectó un desarrollo social que fue diseñando una sociedad justa y moderna; instituciones estables; universidades que irradiaban influencia, con un prestigio notable en todo el continente. Era un país de científicos y de gran progreso cultural. Fue en esos años, que hoy se denigran, cuando una mujer y un hombre chilenos recibieron el Premio Nobel, y cuando el nombre de Chile era universalmente respetado.

NO VOLVEREMOS AL 10 DE SEPTIEMBRE

¿Para qué volver al 10 de septiembre de 1973 y no recuperar esa línea histórica y proyectarla hacia el porvenir? Una crisis, por grave que haya sido, no representa ni puede borrar ese pasado. No era Chile un país en decadencia, como se le quiere pintar en una tentativa de distorsionar toda nuestra Historia. Que haya habido un trance crítico no es de extrañar. Otras naciones, aun las más poderosas, también han vivido las más amargas encrucijadas.

Esta es la experiencia de Francia, Alemania e Italia y de otras naciones de Occidente. Después de trastornos dramáticos, con heridas y divisiones al parecer sin solución, todas ellas se recuperaron confiando en sus pueblos, sin miedo a la libertad. No se buscaron pretextos para subyugar a sus pueblos, sino para liberarlos.

El ejemplo opuesto esta en la historia, desde los zares hasta Irán. Y en estos últimos tiempos en Centro América, donde los extremismos de uno u otro color han sembrado la muerte y han hecho imposible la paz. Sus regímenes han justificado su violencia diciendo que su objetivo es asegurar “el orden” y “eliminar el comunismo” , para terminar precipitando a esos pueblos en el caos -¡oh paradoja!- en las manos de los mismos a quienes iban a exterminar.

Este fue el camino de los Batista y de los Somoza. Este no puede ser el camino de Chile.

El camino de Chile fue y debe ser el que corresponde a una de las democracias más sólidas y antiguas del mundo. Puede y debe volver a serlo. Estamos ciertos que al pretender dilatar por años el actual régimen se nos está llevando a una situación que se tornará irreparable. En estos meses el país ha observado un claro endurecimiento del régimen. Y ello, dígase lo que se quiera, es fruto de la inexistencia de un proyecto político, de la ausencia de una fórmula real de transición. No hay un acuerdo con el pueblo, con las fuerzas sociales. Sólo se ofrece la prolongación de un régimen represivo. Todo se confabula para atacar y derrotar a otros; pero no para unificar; ni para concertar un proyecto de convivencia nacional.

LOS CAMINOS DE LA PAZ

Han pasado siete años durante los cuales se ha pretendido erradicar toda oposición y toda amenaza al “orden” . Curiosamente, ellas han recrudecido y hoy son aún más conminatorias, no sólo las surgidas de la extrema izquierda, como lo han reconocido quienes han ocupado los más altos cargos en el mismo gobierno, sino también las habidas en el propio interior del régimen. ¿Quién garantiza en cinco, diez o veinte años más esta situación va a mejorar?

La experiencia mundial, sin una sola excepción –repetimos, sin una sola excepción- prueba que los extremismos, y para qué decir los violentistas, han permanecido indemnes por más que se prolonguen los regímenes de represión.

El proyecto en plebiscito refleja el espíritu que inspira a sus autores: ellos no creen realmente que el pueblo chileno tenga capacidad para pensar, opinar, decidir y elegir. Sus disposiciones conducen a un sistema preventivo-coercitivo que regirá por casi 25 años. Eso es lo que arrastra a la división, al extremismo, a la violencia y al caos. Todo su contenido revela una confianza ilimitada en los mecanismos de concentración del poder, y una desconfianza igualmente ilimitada en el pueblo, en el Parlamento, en los partidos políticos, en los organismos de base y hasta en los municipios. No desconocemos la necesidad de una autoridad vigorosa capaz de gobernar. Otra cosa es el cesarismo autocrático. El problema de fondo es que ninguna institucionalidad ni ley alguna pueden funcionar con normalidad si no representan la voluntad mayoritaria de la nación, libre y auténticamente expresada. Ninguna amarra, concebida entre cuatro paredes e impuesta para resistir la legítima expresión de un pueblo, puede tener vida estable. Ningún esquema funcionará si no existe un consenso básico sobre valores fundamentales que permitan una forma racional de convivencia.

Lo único racional que puede salvar al país de la violencia, el odio y la revancha es que ese consenso se produzca cuanto antes. Mantener un régimen de fuerza continuado, apoyado en una minoría, inevitablemente agudizará el conflicto y la división entre los chilenos, y lo más probable –y experiencias hay por doquier-, es que por esta vía se precipite al país en otro régimen de fuerza en sentido contrario, o sea, que el péndulo vaya de un extremo a otro.

Imponer una fórmula como la propuesta significa que el conflicto crecerá por la inevitable dinámica de este círculo trágico de represión y protesta que sólo sirve a los violentistas de uno u otro extremo. Así nos veremos abocados a situaciones cada vez más difíciles y a una división cada vez más honda entre los chilenos.

El diálogo y el consenso en esas condiciones será imposible, y la reconciliación y la paz serán cada día más lejanas. Todo nuestro esfuerzo es que no se radicalicen las posiciones y que no se destruyan los caminos de la paz.

La seguridad y la paz no pueden ser el fruto de continuos operativos y allanamientos o de peinar las poblaciones en busca de delincuentes, para después descubrir que están ubicados en otros organismos.
En esas condiciones no hay seguridad para millones de chilenos, más aún cuando han desaparecido el amparo y las garantías jurídicas más básicas.

No estamos diciendo que no se proceda con energía para combatir el delito, la violencia, el terrorismo y la corrupción, pero todo el progreso humano ha consistido en hacerlo de acuerdo con la ley por autoridades elegidas por el pueblo que los enfrenten con los métodos de la democracia y no del terror.

Por eso rechazamos el proyecto constitucional y el plebiscito convencidos de que se nos lleva a un conflicto sin solución, pues se contradice la esencia de lo que es nuestro carácter nacional y se nos exhibe ante el mundo en una posición que sólo genera el sarcasmo o la compasión.

LA VERDADERA ALTERNATIVA

La verdadera alternativa no es volver al 10 de septiembre de 1973, sino encontrar un camino que nos permita ser lo que fuimos: una Patria libre y democrática, con instituciones renovadas de acuerdo a las nuevas realidades y exigencias.

Fundados en estas razones es que venimos a proponer una alternativa para Chile, que le permita retornar a la democracia debidamente renovada.

Para este objeto consideramos necesario:

– Que se organice de inmediato un gobierno de transición cívico militar, cuyos objetivos básicos serán establecer durante el plazo de dos a tres años como máximo las condiciones para restañar las heridas del pasado, restablecer la unidad y la paz entre los chilenos, recuperar el pleno ejercicio del régimen democrático y garantizar la seguridad interna y externa de los chilenos. Durante este período de transición el gobierno retendrá las facultades legislativas.

– Que constituido este gobierno de transición se elija por votación popular una ASAMBLEA CONSTITUYENTE u otro organismo auténticamente representativo de todas las corrientes de opinión nacional, como fue en 1925, que tendrá a su cargo la elaboración de un proyecto de Constitución. Este proyecto se someterá a plebiscito, bajo un sistema que dé absolutas garantías, y con opciones claramente definidas y plena libertad de expresión.

– Que progresiva y rápidamente se restablezcan las libertades públicas, el derecho de asociación, la libertad de opinión e información, el derecho a reunión, el regreso de los exiliados, la derogación del estado de emergencia.

– Que se dicte de inmediato y se ponga en vigencia una Ley Electoral que defina los requisitos para ser ciudadano, que regule las inscripciones electorales, los sistemas de votación y escrutinios, los organismos y Tribunales, autónomos del gobierno provisional, que tendrán a su cargo asegurar la corrección de los procedimientos.

En Chile, por lo demás, rigió un sistema electoral que fue elogiado por todos los partidos sin excepción, bajo el amparo de la ley y con la presencia de las Fuerzas Armadas en el acto electoral. – Que se dicte un Estatuto de los Partidos Políticos que regule su función y participación en la vida política del país durante el período de transición y hasta que se dicte la nueva Carta Constitucional.

Durante este período de transición la acción de los partidos quedaría limitada a su colaboración en el organismo que elabore el nuevo proyecto constitucional, a la estructuración de sus dependencias internas, y a los trabajos de sus equipos técnicos y políticos para la elaboración de los programas que deberán proponer a la ciudadanía cuando se restablezca la normalidad institucional.

– Que en el orden social se deroguen las limitaciones impuestas a las organizaciones sindicales, juntas de vecinos y demás instituciones sociales intermedias. Los estatutos definitivos se dictarán cuando asuma el futuro gobierno democrático.

– Que se dé término a la intervención de las universidades mediante un procedimiento dirigido por académicos de gran prestigio e intachables antecedentes, que den plena garantía a toda la comunidad universitaria.

– Que se geste un consenso nacional o pacto social que garantice la convivencia democrática, en paz y sin violencias, y que hagan posible su desenvolvimiento posterior.

UN ACUERDO NACIONAL

Estoy cierto que estas bases generales permitirán la posibilidad de un gran acuerdo en que participe el pueblo chileno y también las Fuerzas Armadas, instituciones que pertenecen a Chile y que no deben comprometerse con determinadas fórmulas políticas o económicas. Nunca en la historia se parcializaron, y por ello es que siempre gozaron de universal respeto.

Un ilustre general escribió en Recuerdos de un Soldado: “Legal o ilegal, la dictadura deprime el espíritu de los ciudadanos, sobre todo el espíritu de los ciudadanos que tienen una conciencia limpia” .

Este camino es el que conviene a los trabajadores, a los jóvenes, a los intelectuales que requieren un horizonte; también a la mujer chilena que quiere paz y seguridad, y a los empresarios cuyo aporte es indispensable.

Todo el país cree que es una tarea inmediata crear ocupaciones y disminuir la cesantía que abruma y desespera a miles de hogares.

Todo el país ve con preocupación cómo se está destruyendo la clase media.

Todo el país cree que es necesario defender la industria, la minería y la agricultura nacionales. Nadie ignora los cambios operados en el mundo económico, la necesidad imperiosa de exportar y abrir nuestra economía y terminar con el exceso de proteccionismo y de los monopolios.

Pero otra cosa es lanzar a un país como el nuestro a una competencia en condiciones que no acepten ni resistan las más poderosas naciones.

Este país sabe bien que las condiciones de la economía mundial son hoy muy diferentes, y su pueblo no está compuesto por insensatos incapaces de medir las nuevas realidades.

Sólo en las condiciones antes propuestas será posible establecer un diálogo abierto que permita perfeccionar y adicionar otros planteamientos básicos.

La inmensa mayoría de los chilenos quiere vivir en paz y en orden; que se respeten sus derechos; que desaparezca el temor.

Estamos igualmente ciertos de que esa gran mayoría comprende que es necesario un consenso fundamental que permita rehacer nuestra vida democrática. Bastarían tres ejemplos para fundamentar esta afirmación.

Una comisión, llamada de Los 24, en la que participan hombres de todas posiciones, elaboraron las bases de una Constitución democrática llegando a pleno acuerdo sobre sus disposiciones. Hace pocos días 120 personalidades, profesores universitarios, hombres de ciencia, literatos, políticos de intachable pasado, han expresado al país su pensamiento. Su prestigio y sus nombres son garantías de que hay chilenos capaces de asegurar el porvenir; y a ellos se están agregando nuevas y valiosas adhesiones.

Por su parte, dirigentes representativos del mundo sindical, en un manifiesto reciente, han expresado su predisposición para concurrir a la suscripción de un pacto político-social que permita hacer un gobierno en paz y tranquilidad.

LA DEMOCRACIA NO ES EL CAOS

Podemos afirmar en la forma más categórica que la democracia no es el caos.

Hay en Chile fuerzas morales y políticas que no lo aceptan, y ellas son la mayoría abrumadora de las mujeres y hombres de Chile. Existe, asimismo, la fuerza moral de la Iglesia Católica con su inmenso prestigio, y de otras confesiones religiosas dignas del mayor respeto. El pueblo no quiere trastornos y, repetimos, no hay por qué suponerlo incapaz de pensar y de actuar con buen sentido.

Tampoco las Fuerzas Armadas quieren el caos. No lo permitirían.

Nadie lo quiere.

En cambio, la fórmula que se propone de concentrar todo el poder en unas mismas manos, dígase lo que se quiera, es la inestabilidad permanente.

Un país no puede vivir en el temor de lo que pasará si vuelve a su vida normal; el temor de unos a la represión y el de otros a la revancha no puede ser el fundamento de una sociedad pacífica y estable.
Sabemos que un retorno a la democracia significa riesgos e incertidumbres que son inevitables en todas las naciones y regímenes. Pero la continuidad del actual sistema, tarde o temprano, llevará al país a una situación realmente caótica.

Al formular esta alternativa no nos inspira ningún propósito partidista o personal. Algunos afirman que procedemos así por ambición y lo hacen quienes pretenden quedarse en el poder indefinidamente. No les seguiré en un debate estéril. Y sé que por plantear nuestra posición seremos víctimas de toda clase de ataques personales, falsedades y mentiras de quienes disponen de todo el poder.

Lo que sí puedo afirmar de la manera más solemne es que no aspiro a nada. He recibido ya todos los honores que un hombre puede alcanzar. Una vida entera la he consagrado a la defensa de mis ideas. Seguramente he cometido errores, pero he seguido una línea que puedo exhibir ante el país; y éste, a pesar de todas las argucias, sabrá formarse un juicio cabal. Declaro categóricamente que estoy dispuesto a apoyar, sin condiciones y sin ninguna pretensión personal, la forma de transición que he señalado o cualquier otra que reúna los requisitos indispensables para la causa de la democracia, que es la causa de Chile.

El general Pinochet ha hecho una propuesta. En nombre de miles de chilenos formulamos esta otra alternativa, porque queremos –lo repetimos-, una salida racional y pacífica para nuestra Patria.
No queremos para ella ni el odio ni ningún espíritu revanchista. No queremos ninguna forma de violencia.
Pedimos que no se nos juzgue con prejuicios, sino que se nos escuche antes de que sea tarde.

UN DEBATE NECESARIO

Por eso insistimos, a pesar de la reciente negativa, que se nos permita presentar esta opinión a través de la Televisión Nacional que mi gobierno instaló a través de todo Chile para uso de todos los chilenos.

No la pedimos para cualquier ocasión. En las elecciones de 1970 todos los candidatos pudieron aparecer en los canales de televisión. Este plebiscito es tanto o más importante que una elección presidencial.

Más aun, pienso que sería extremadamente útil e ilustrativo un debate directo con el jefe del Estado. Estos debates son comunes en todas las grandes democracias. Ahora mismo el Presidente de los Estados Unidos ha ofrecido una controversia pública con su oponente.

Es cierto que soy un simple ciudadano, pero el pueblo me ha dado títulos: me eligió una vez con la mayoría absoluta para ejercer como Presidente de la República y, posteriormente, nuevamente con la primera mayoría nacional, llegué al Senado, el cual me designó su presidente.

Si se aceptara esta proposición que formulo se respondería a la tradición democrática de Chile y se contribuiría a esclarecer el significado de las distintas opciones que se presentan y la naturaleza del plebiscito a que se nos convoca.

El interés de Chile no es aplastar a los que disienten: es probar ante el país que se tiene la razón.

UN VERDADERO PLEBISCITO Y UNA VERDADERA ALTERNATIVA

Chilenas y chilenos:
Todas las mujeres y hombres de Chile saben que estamos enfrentando un hecho que tendrá muy profundas consecuencias en el futuro de sus vidas, de sus hogares, de sus hijos.

Por eso hemos hablado con firmeza, con responsabilidad y con moderación. Nuestras palabras van dirigidas aun a los que nos combaten. Les pedimos que piensen en el país y que no los ofusquen consideraciones personales.

En estos últimos días el Episcopado ha planteado una serie de condiciones que permitirían asegurar la limpieza moral del plebiscito.

El Grupo de los 24 también lo ha hecho.

La semana pasada más de cien personas altamente calificadas han solicitado en parecidos términos que no se lleve al país a un pronunciamiento sin las suficientes garantías.

Igual posición han adoptado los dirigentes de las grandes corrientes sindicales.

Hoy expresan lo mismo miles de mujeres y hombres reunidos en este teatro.

¿Qué pedimos? Sólo dos cosas simples y claras:

Primero, que el plebiscito cumpla con todos los requisitos esenciales que ya hemos señalado para que tenga validez, requisitos que universalmente se reconocen como las condiciones sine quanon para ser estimados correctos.

Segundo, que se planteen claras alternativas.

Por nuestra parte, frente a la proposición del gobierno, formulamos una alternativa manifiestamente definida: el regreso a la democracia a través de un gobierno de transición.

El país espera una respuesta.

Si estos planteamientos no se contestan o se rechazan, este plebiscito no será valido, y tampoco lo serán sus resultados.

Esperamos una respuesta que podría abrir un camino de paz.

No sigamos dividiendo al país entre patriotas y antipatriotas, entre buenos y malos. Eso conducirá indefectiblemente a una catástrofe.

Si por desgracia todas las puestas se cierran, el 11 de septiembre votaremos que No. Podrán imponer los resultados; pero como dijo un día un gran chileno refiriéndose a quien ocupaba el gobierno. “Usted puede hacer todo lo que quiera y como lo quiera: tiene la fuerza. Pero no que no podrá hacer es inspirar confianza” . Lo propio decimos hoy.

El pueblo tendrá obligadamente que ir a votar. No puede arriesgar 60 días de cárcel o pagar seis mil pesos de multa. Además, sin su carné marcado, corre el riesgo de perder su trabajo y arrostrar mil otros problemas.

Ese pueblo ya decidió votar que No, aunque sabe que no tendrá medios de control verdadero sobre los escrutinios. Por eso nadie se hace ilusiones sobre el resultado.

Su No será categórico: No al plebiscito mismo y a todo lo que significa.

Será así un testimonio ante su propia conciencia y ante su propia Patria.

Esa conciencia seguirá creciendo después del 11, y su marcha profunda no podrá ser detenida.