Raúl De la Puente

El lunes 13 y martes 14 de diciembre, las organizaciones sindicales del Sector Público, realizarán movilizaciones, paros y protestas para insistir en la exigencia al Parlamento y al Gobierno de un reajuste digno y adecuado para los trabajadores del Estado.

Así lo dieron a conocer dirigentes de varias agrupaciones gremiales del sector, quienes reiteraron el rechazo al 4.2% planteado por el gobierno, al tiempo que demandaron que terminen los despidos masivos de funcionarios de la administración del Estado.

   

Raúl De la Puente

El lunes 13 y martes 14 de diciembre, las organizaciones sindicales del Sector Público, realizarán movilizaciones, paros y protestas para insistir en la exigencia al Parlamento y al Gobierno de un reajuste digno y adecuado para los trabajadores del Estado.

Así lo dieron a conocer dirigentes de varias agrupaciones gremiales del sector, quienes reiteraron el rechazo al 4.2% planteado por el gobierno, al tiempo que demandaron que terminen los despidos masivos de funcionarios de la administración del Estado.

El lunes 13 y martes 14 de diciembre, las organizaciones sindicales del Sector Público, realizarán movilizaciones, paros y protestas para insistir en la exigencia al Parlamento y al Gobierno de un reajuste digno y adecuado para los trabajadores del Estado.

Así lo dieron a conocer dirigentes de varias agrupaciones gremiales del sector, quienes reiteraron el rechazo al 4.2% planteado por el gobierno, al tiempo que demandaron que terminen los despidos masivos de funcionarios de la administración del Estado.

Arturo Martínez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dijo que “los gremios han decidido retomar el proceso de movilización que se venía dando en el marco del proceso de negociación anual del reajuste salarial del sector”.

Precisó que “algunos harán paralizaciones, otro harán marchas, otros más se movilizarán en todo el país, esperando una decisión positiva del Parlamento y una respuesta adecuada del gobierno”.

Raúl de la Puente, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) planteó que “nosotros vamos a paro el lunes y el martes, y lo seguiremos el miércoles si continúa la discusión en el Congreso” sobre el reajuste salarial.

Indicó que el martes la ANEF se movilizará a Valparaíso y allá hará un acto central para expresar su exigencia a que se cumplan las demandas de los funcionarios públicos de “un real reajuste, fin de los despidos, el bono que corresponde y que se respete a nuestros trabajadores”.

De la Puente sostuvo que con una inflación del 2.9%, con lo que propone el gobierno de alza salarial, sólo se llega a un reajustereal del 1.3% y cuestionó el bono de 150 mil pesos. Explicó que “el año pasado, con el gobierno pasado, en medio de una crisisfinanciera, obtuvimos el 4.5% de reajuste y un bono de 250 mil pesos”.

El presidente de la ANEF planteó también que el gobierno de Sebastián Piñera ha despedido a 8 mil trabajadores de la administración pública, de ellos, 3 mil en el último mes.

Funcionarios municipales no bajarán movilización hasta que Gobierno aumente propuesta

Oscar Yáñez

El Presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de CHile, Óscar Yáñez reafirmó que los funcionarios municipales se mantendrán en paralización de actividades hasta que el ejecutivo no aumente el porcentaje de reajuste salarial y los bonos de términos de conflicto.

Yáñez señaló “Tras realizar un balance del paro indefinido que mantienen trabajadores de municipios en el marco de la negociación por reajuste, podemos afirmar que esta movilización ha sido un éxito a nivel  país”, argumentó el dirigente sindical.

A su vez, ellos son parte de los 16 gremios que componen la mesa del sector público, y a diferencia de los empleados fiscales, han mantenido el paro indefinido hasta que el Gobierno flexibilice su propuesto y aumente su oferta de 4,2% de reajuste nominal.

La exigencia de los funcionarios es que este parta en 6%, aunque varios hablan de bajar a un 5%. A esto se suma, dijo Yáñez, un aumento del bono de término de conflicto. Mientras el Gobierno ofrece $150.000, ellos esperan que se acerque al del año pasado, que fue de $250.000.