José Miguel Carrasco (PDC), padre de la actual alcaldesa, Natalia Carrasco, y otras ocho personas son acusadas de tramitación y obtención de subsidios habitacionales en forma fraudulenta.

altJosé Miguel Carrasco (PDC), padre de la actual alcaldesa, Natalia Carrasco, y otras ocho personas son acusadas de tramitación y obtención de subsidios habitacionales en forma fraudulenta.

El siguiente paso es realizar la notificación y fijar la fecha de la audiencia preparatoria para el juicio oral.

La Fiscalía de San Antonio ha resuelto el pasado 31 de enero acusar al ex alcalde de El Quisco, José Miguel Carrasco y ocho personas más, por el delito de Fraude al Fisco y Falsificación y Uso Malicioso de Instrumento público en la tramitación y obtención de subsidios habitacionales en forma fraudulenta, con un perjuicio para el Estado de 1.700 millones de pesos.

La causa llevada por el Fiscal adjunto Ramón Espinosa, señala que debido a la gravedad de lo acontecido y a la participación de los acusados, la Fiscalía solicitará, en el Juicio oral, que se imponga a los involucrados una pena única de 12 años de presidio mayor en su grado medio. Además, se pedirá la inhabilitación absoluta y de por vida para ejercer cargos públicos y derechos políticos mientras dure la condena.

También se buscará que se condene al ex alcalde Carrasco y a las ocho personas con el pago de las costas de la causa, según lo señala el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal.

De acuerdo a los antecedentes la Fiscalía solicitará a los Tribunales se notifique la acusación a todos los involucrados y fije la fecha para realizar la audiencia de preparación del juicio oral. Hecho que debería ser en el mes de marzo de 2013.

Antecedentes de los hechos.

Los 8 funcionarios son: José Fernando Ugalde, director del consultorio de El Quisco; Gabriel Naranjo, ex director de educación de dicha localidad; Miguel Ángel López, director de educación de San Antonio; Alberto Ramírez, ex director del Serviu; Yolanda Catalán, secretaria del edil; Víctor Elicer, Viviana Leocadia y Lorenzo Paredes.

Todo estos funcionarios, en conjunto con el ex alcalde están acusados de tramitar y obtener subsidios habitacionales de forma fraudulenta en la ejecución de los proyectos Villas Marina 1 y 2, y Villa Padre Eduardo Alvear.

Dichos conjuntos se realizaron con documentación falsa, que acreditaba que se cumplían con los requisitos necesarios y que los acusados certificaron como reales.

Entre dichas obligaciones, por ejemplo, se encuentra la que debe existir un colegio cerca del complejo, situación que fue certificada; sin embargo, no existe ningún establecimiento educacional en el sector.

Y así una serie certificaciones adulteradas que realizaron los imputados. Razón por la cual, el fiscal les ordenó firma mensual por 6 meses, periodo que dura la investigación.

Fuente: www.lavozdevalpo.cl